La Corte le pone límite a pelea por promoción industrial
Los magistrados del máximo tribunal escucharon los planteos de los gobernadores de San Juan, La Rioja y San Luis, que llegaron hasta Buenos Aires para defender la vigencia del acuerdo preexistente de beneficios fiscales para las empresas de sus provincias
La Corte Suprema de Justicia fijó ayer un plazo de 90 días para que las provincias y el Gobierno nacional alcancen un acuerdo en torno a la ecuación económica del contrato original de promoción industrial.
Los magistrados del máximo tribunal escucharon los planteos de los gobernadores de San Juan, La Rioja y San Luis, que llegaron hasta Buenos Aires para defender la vigencia del acuerdo preexistente de beneficios fiscales para las empresas de sus provincias.
La Nación, en tanto, defendió sus argumentos a través del ministro de Economía, Hernán Lorenzino; la ministra de Industria, Débora Giorgi; y el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray.
El conflicto se origina en una demanda de la empresa Orbis -radicada en San Luis- que ya obtuvo sentencia favorable a su pedido de mantener los términos de los bonos fiscales.
Esos instrumentos son el mecanismo -que determina el régimen de promoción industrial- que se debe usar para poder gozar de los beneficios de no pagar ciertos impuestos por parte de las empresas que cuentan con el régimen impositivo, especialmente Ganancias y el IVA.
El problema surgió por el desfase que provocó la devaluación de la moneda a principios de 2002, cuando los valores de estos instrumentos fiscales quedaron desactualizados.
Las empresas comenzaron a pagar tomando como criterio la devaluación y hoy la AFIP les reclama una deuda por más de $1.000 millones en concepto de devolución de los impuestos que las empresas no pagaron.
El organismo fiscal considera que los bonos fiscales no se podían actualizar, como lo hicieron las más de 70 empresas que cuentan con el régimen de la promoción.
Ayer, ante la Corte, los gobernadores José Luis Gioja (San Juan), Luis Beder Herrera (La Rioja) y Claudio Poggi (San Luis) coincidieron en que el régimen de promoción permitió, entre otros factores, el «desarrollo industrial, económico y social de las provincias del Acta de Reparación Histórica y que es necesaria una solución que avale lo dispuesto hasta este momento por el Poder Judicial, proponiendo el dictado de un acto administrativo del Poder Ejecutivo Nacional en este sentido y que abarque a las empresas que se encuentran en esta situación».
En tanto, el Gobierno nacional ratificó la postura adoptada en el proceso judicial, contraria a la posibilidad de reexpresar los créditos de promoción, pero manifestó la voluntad de trabajar en una solución que garantice tanto la continuidad de las empresas locales como de la mano de obra generada por éstas.
fuente: Iprofesional.com
