Presentaron el cuerpo especial de ARBA y una “policía tributaria” para combatir a grandes evasores
Gobierno presentó cuerpo especial de ARBA y una “policía tributaria” para combatir a grandes evasores; aplicarán ley que estipula penas de hasta 9 años de prisión.
Acuciado por la falta de fondos mientras negocia con Nación la habilitación para la emisión de deuda en dólares y el envío de fondos frescos para aumentar los aumentos salariales de este año, el Gobierno bonaerense avanzó hoy en una serie de medidas para maximizar la recaudación propia e intensificar la persecución de evasores, que podrían ser llevados a la cárcel por incumplir con el fisco provincial.
Con ese objetivo, este mediodía el gobernador Daniel Scioli presentó un cuerpo especial de profesionales de ARBA que trabajarán sobre los principales contribuyentes de la provincia para evitar que incurran en maniobras de evasión. Además, puso en funciones a una Policía Tributaria que funcionará en el ministerio de Justicia y Seguridad con el objetivo de detectar maniobras fraudulentas y aplicar la Ley Penal Tributaria, que establece penas de hasta 9 años de prisión para quienes evadan sus obligaciones ante el fisco.
Se trata de dos cuerpos que actuarán por separado bajo un mismo objetivo: maximizar la recaudación provincial reprimiendo los casos de evasión más graves, que representan, según confiaron desde el gobierno, pérdidas millonarias para la Provincia.
En el primer caso, el “cuerpo de elite” de ARBA estará integrado por especialistas en informática, peritos contables y abogados tributaritas, que tendrán la misión de analizar los movimientos de las mil empresas más importantes de la provincia, sobre todo en lo atinente al pago de Ingresos Brutos, el impuesto más importante en cuanto a la recaudación.
Según se explicó, la facturación de las empresas que serán puestas en la mira es tan importante que “una maniobra evasiva significa la pérdida de millones de pesos para el fisco”.
Durante la presentación, el mandatario bonaerense ponderó “el esfuerzo, sacrificio y responsabilidad” de los agentes que llevarán adelante la tarea.
Por su parte, el titular de ARBA, Martín Di Bella, explicó que el objetivo de esta iniciativa “es analizar exhaustivamente la operatoria de las mil firmas más grandes de la Provincia, que revisten para nosotros un enorme interés fiscal”.
CÁRCEL A EVASORES
Con la presión fiscal llevada al máximo –el propio Scioli reconoció que hasta el fin de su mandato no podría aumentarla- y la falta de respuestas nacionales a los pedidos bonaerenses de auxilio financiero, el Gobierno provincial apelará a buscar dinero extra en los grandes evasores de la provincia, que podrían ser castigado con penas de cárcel a partir de la aplicación de la ley nacional 24.769 que reprime los delitos fiscales.
Con ese objetivo, Scioli presentó, junto al ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal, la Policía Tributaria, un cuerpo especial que dependerá de la cartera de Seguridad y hará cumplir la ley nacional que reprime los delitos fiscales con hasta 9 años de cárcel.
“Esta nueva ley amplía la tipificación en delitos contra el tributo provincial, por lo que otorga la competencia a la Justicia provincial y nos obliga a poner en marcha nuevas modalidades de trabajo”, explicó Casal, quien remarcó que a partir de dicha normativa “se incorporan los delitos tributarios al ámbito ordinario de la Justicia de la provincia de Buenos Aires”.
En ese sentido, la cartera de Justicia y Seguridad junto a ARBA crearon una comisión de trabajo para avanzar sobre la Ley ya vigente, y según afirmó Casal, “dentro del ministerio ya creamos esta policía como primer eje de actividad policial y de investigación penal, conjuntamente con el Ministerio Público, para detectar evasiones al Estado”.
La Policía Tributaria forma parte del Cuerpo de Delitos Complejos, “donde hay una alta capacitación de delitos tributarios, informáticos y económicos”, explicó el ministro.
“Ya se creó la Dirección con todos sus cuerpos y obtenemos de distintos cuerpos, abogados, contadores, licenciados en Economía y Administración, y expertos en informática, y en cada modalidad habrá un especialista que pueda distinguir esta maniobra y la ponga a disposición de la justicia”, señaló.
La ley 24.769 dispone la pena de dos a seis años de cárcel a quienes “mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardid o engaño, sea por acción o por omisión, evadiere total o parcialmente el pago de tributos al fisco nacional, al fisco provincial o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” por un monto de hasta 400 mil pesos.
En tanto, se considera “evasión agravada” a la evasión de más de cuatro millones de pesos, y se la condena con penas de entre 3 y 9 años de prisión.
Fuente: Ennotas.com
